Sobre ese nuevo intento enviado al Ministerio de Justicia, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X: “La inseguridad es la consecuencia de la impunidad. Así que hay que derrotar la impunidad”.

Esta propuesta está entre las más de 300 que llegaron a un repositorio que habilitó el Ministerio de Justicia, las cuales empezarán a ser discutidas hoy, desde las cuatro de la tarde, en la segunda reunión de la comisión de expertos creada por el Ejecutivo para estructurar un proyecto para llevar al Congreso de la República.

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La propuesta de la Justicia Penal Militar está contenida en 48 páginas, en las que se lee que la intención de la comisión es “que fortalezca el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, en casos de alto impacto relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal y conexos”.

Y añade: “Una reforma de la justicia que de verdad impacte al ciudadano debe comprender la conjunción o sumatoria de todos los recursos y cerebros posibles en la resolución de la conflictividad jurídica. Ninguna herramienta útil para cumplir la aspiración democrática de poner la justicia al alcance de la gente puede estar de más. No importa si el instrumento es de manufactura nacional o extranjera”.

Así mismo, se afirma que dicha comisión “operaría bajo reglas de juego claramente concertadas con la comunidad de naciones, representada por alguno de los organismos multilaterales anejos al tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción, que hombro a hombro con las autoridades colombianas apoye investigaciones contra la delincuencia dura, sería un reforzamiento estructural del sistema judicial y con ello de la democracia nacional”. Para la creación de esta comisión se sugiere “pedir apoyo a organismos multilaterales como la ONU o la OEA”.

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Esta, además, tendría características similares a las de la Comisión Internacional contra la Impunidad que funcionó en Guatemala para apoyar a las instituciones de ese país encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. De esta comisión hizo parte el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Precisamente, en abril del año pasado, el ministro Velásquez ya había ambientado la posibilidad de la creación de esa Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia, que había generado el rechazo de amplios sectores. Ante la dura polémica en ese momento, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, consideró que esta idea podría implicar un riesgo de “enredar los procedimientos y garantías vigentes y debilitar las investigaciones y los procesos en curso”, al tiempo que indicó que la lucha contra la corrupción debería llevar a “fortalecer las instituciones judiciales existentes”.

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Ante la insistencia en la idea, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), manifestó que la propuesta es “totalmente desconsiderada” con el trabajo que la justicia en general ha hecho en Colombia.

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“Las estadísticas no engañan y demuestran cómo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha emitido más de 120 sentencias en contra de políticos involucrados con grupos criminales e igualmente también por actos de corrupción”, enfatizó Herrera.

Destacó que el Consejo de Estado ha emitido en los últimos años más de 80 pérdidas de investidura por detectar casos de abultados conflictos de interés por parte de dirigentes políticos.
“Habría que revisar esas estadísticas y, por el contrario, lo que debemos hacer es fortalecer al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, como órganos de cierre, y defender la institucionalidad de la justicia que ha venido, entre otras, generando esos buenos resultados”, dijo Herrera.

El experto en temas internacionales César Niño considera que la impunidad “no se resuelve” con comisiones internacionales y más cortes. Esa propuesta es como un campanazo que daría a entender que no está funcionando el sistema judicial colombiano para impartir justicia, pero la reflexión es que, en efecto, una comisión no garantiza que se reduzca la inmunidad”, explicó Niño.

Y Gustavo Zafra Roldán, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Javeriana, señaló que ve poco probable la conformación de una comisión de estas características, toda vez que considera que en Colombia “hay unas instituciones, en materia judicial, que han venido operando”. El académico añadió que “Colombia tiene instituciones para solucionar sus propias dinámicas de política contra el crimen”.

Y la exministra de Justicia Gloria María Borrero, señaló que la propuesta lleva a pensar que el sistema de justicia del país “es fallido, y estamos lejos de eso”. “Esta justicia ha desmantelado carteles. No estoy de acuerdo con esa propuesta. Quizá el problema es la falta de Estado en el territorio y por eso no se ha podido arrancar la delincuencia, pero la justicia funciona”, concluyó.

Tomado de ELTIEMPO.COM